Mgter. Mario Aller
Docente Relaciones Internacionales

Alrededor de 900 personas resultaron heridas por la policía en el proceso de evitar que se llevase a cabo el referéndum de independencia del pasado 1 de octubre en Cataluña (España). Aunque lo cierto es que por medios democráticos los ciudadanos hemos otorgado al Estado el papel de ejercer una violencia regulada y de hacer cumplir esa regulación, desde el momento en que la policía antidisturbios golpea una persona de la tercera edad con un bolillo en la cabeza significa que algo no va bien, y como ciudadanía nos toca analizar qué es. Si se trata de una injusticia, un comportamiento iliberal o antidemocrático, de una rebelión, o de qué.

El problema

Si se observan las declaraciones de los afectados y de sus líderes, pareciera que los ciudadanos catalanes no quieren ser españoles, ni que los ciudadanos españoles quieren a los catalanes. La anterior es una visión reduccionista de la realidad que apela a la identidad de las personas para etiquetarlas sin contemplación. En pleno siglo XXI las políticas de identidad siempre resultan divisivas por exclusión; favorecen el pensamiento en una dinámica de buenos y virtuosos contra ruines y malvados.

Un problema requiere siempre dos partes enfrentadas, y el problema suele producirse porque cada una de las partes habla un idioma diferente al de la otra, y por ello no encuentran un entendimiento. Encontramos por un lado al Estado español, y en el otro al Gobierno de Cataluña, y el asunto concreto en el que no se entienden es la condición de independencia, el poder de gobernarse a uno mismo. Este tema está estrechamente ligado con la democracia, y el efecto más visible de cualquier democracia es la llamada a las urnas, el que los ciudadanos, todos sin discriminación, acudan a votar. El origen del derecho a votar argumenta el gobierno catalán, se fundamenta en las condiciones únicas de ese pueblo, todo en una política identitaria de que los catalanes tienen rasgos y características que los hacen diferentes y por ello mejores que los españoles. Al convocarse el referéndum y no ser este reconocido y validado por el Gobierno y el Tribunal Constitucional de España, ahí se ver el carácter arcaico, opresor y no democrático de los españoles.

Las ansias

Los primeros deseos de una Cataluña independiente, no unida al resto de España, no son actuales, sino que podemos situarlos en la última mitad del siglo XIX, cuando la fiebre del nacionalismo recorrió toda Europa. No fue hasta principios del siglo XX cuando el catalanismo político logró sus primeros éxitos electorales, basándose sus reivindicaciones en oposición a las leyes del Estado español. Tuvieron un éxito sonado cuando en 1932 lograron un “Estatuto de Autonomía”, ley que reconocía hechos diferenciales para esta región y que otorgaba competencias a su gobierno. Con el asalto del poder político por parte del General Franco en 1936 el Estatuto quedó derogado y todo hecho diferencial fue suprimido, al igual que en toda España.

Con la muerte del dictador y el regreso de la democracia a través del proceso conocido como “transición española”, en 1979 Cataluña recuperó su ansiado Estatuto de Autonomía dentro de una nueva España plural y democrática. Este nuevo estatuto fue puesto en práctica y defendido un único partido político catalanista, que se mantuvo en el poder sin interrupción por más de 20 años. Tras ese tiempo, el citado partido (CiU) no renovó la mayoría absoluta con la que había dominado la política catalana y fue sustituido por un gobierno de coalición que reformó el Estatuto de Autonomía, dotando a Cataluña de mucha más capacidad de autogobierno. Tal fue este aumento que el parlamento español y el Tribunal Constitucional recortaron las partes más polémicas del nuevo Estatuto para acomodarlo a la Constitución Española. Tras el recorte de nuevas competencias, en las elecciones autonómicas catalanas del año 2010 una parte muy importante del partido antiguo dominante, CiU, abrazó una posición de férrea defensa de las competencias recortadas por el Tribunal Constitucional, regresando al poder político y dando comienzo el proceso que nos ha traído hasta los eventos del 1 de octubre de 2017.

Para comprender mejor la situación actual, vayamos hasta el año 2010 para ver cuál es el nivel competencial con que quedó el Estatuto de Cataluña tras su recorte por el Tribunal Constitucional. El grado de autonomía legislativa y el nivel de competencias que posee la actual Comunidad Autónoma de Cataluña se encuentra entre los más, si no el más, elevados de todas las comunidades en que se divide España. Tal es así, que por ejemplo posee competencias en:

• Asuntos de orden público y seguridad; como la regulación, la planificación y ejecución de la Protección Civil, la vigilancia y control de la circulación de vehículos o, la gestión del sistema penitenciario.
• Asuntos de Derecho y Justicia; como áreas específicas del derecho civil y procesal, competencias ejecutivas en materias de propiedad intelectual y en materia de protección de datos de carácter personal.
• Asuntos económicos; como por ejemplo la regulación en exclusiva de la ganadería y el sector agroalimentario, la competencia exclusiva en materia de caza y pesca fluvial o, la competencia exclusiva en materia de comercio y ferias, así como la ordenación, planificación y promoción del sector turístico.
• Asuntos culturales y educativos; tales como la competencia exclusiva en las actividades artísticas y culturales, la competencia exclusiva de determinar los contenidos educativos de la educación primaria o, la creación, disolución, programación y coordinación de las universidades públicas y privadas.

Cabe señalar que España es uno de los países más descentralizados fiscalmente de la OCDE, es decir, donde el Estado central se lleva el menor porcentaje de los ingresos fiscales en relación con las regiones y los municipios. Es que tras leer lo anterior queda más claro que el asunto en disputa aquí no es relativo a que el Estado es opresor, no me deja hacer cosas, sino que como se ha intentado señalar, de celo respecto a unas competencias nunca obtenidas más allá del papel por no encajar en la Constitución.

Aquí debemos regresar al argumento, uno de los muchos que agita cual bandera el nacionalismo catalán de la “Democracia”, ya que sabemos que todo el asunto comienza por la celebración de un referéndum de independencia, a fin de que los ciudadanos de Cataluña manifiesten su voluntad de seguir siendo parte constituyente del Estado español o, por el contrario, de constituirse en Estado independiente por su cuenta.

La Democracia

Si hablamos de democracia, nótense las minúsculas, nos podemos referir al hecho significativo de votar en una urna, pero si queremos es hablar de Democracia, ahora con mayúsculas, no debemos ocultarnos a nosotros mismos el hecho de que la Democracia es un proceso. Proceso este que sí, empieza y termina con una votación, pero que no se podría llevar a cabo sin los demás procesos que forman el conjunto. Al analizar como es un sistema democrático siempre terminamos abocados a señalar la regla de las mayorías, que es como se deciden las elecciones. Buscar mayorías el unificar intereses, necesidades y responsabilidades. Introduzco este último concepto, la responsabilidad, para señalar que tiene dos vertientes, de los perdedores en aceptar la derrota, y de los ganadores en comprometerse a defender y asegurar los derechos de los perdedores.

A la vista de todo lo anteriormente explicado, ha de comprender el lector que el problema al que nos enfrentamos no es como señalamos sólo uno, si no que se al igual que la responsabilidad tiene un efecto de bumerán. Está por un lado el de cómo ensamblar a Cataluña con el resto de España, y el problema de la aventura ilegal en la que se ha embarcado el Gobierno catalán convocando un referéndum que no está dentro de sus competencias, ni exclusivas ni compartidas.

Si analizamos el segundo de los problemas señalados, el del referéndum ilegal, hay que hacer referencia a que la ilegalidad no la declara el Gobierno de España, sino los jueces y tribunales, en este caso el Tribunal Constitucional. Lo que sí hace el Gobierno de España es ejecutar la sentencia, y ahí es donde estuvo el fallo más visible en este asunto que nos ocupa, porque ciertamente se llevó a cabo con una violencia innecesaria y sobre todo excesiva. La mejor manera de conservar la autoridad es no tener que imponerla, si bien un Estado debe proteger los derechos de todos sus ciudadanos y la legalidad democrática, el proceso mencionado.

Los escenarios finales

Ante un problema en el que ambas partes creen tener razón, lo mejor es que se sienten a dialogar. Ese necesario diálogo no estuvo presente antes ni durante, pero esperemos que se pueda hacer en el futuro próximo. Si no se realiza, el desenlace ya está anticipado. Cataluña fuera de España. Y España ya no sería España. Todos tienen bastante que perder.

• España gran parte de sus ciudadanos y con ellos sus aportes a lo que es como país; su identidad, su trabajo, su riqueza, sus valores, su prestigio…
• Cataluña gran parte de su identidad, su posición en el mundo, su trabajo, su riqueza… y todo llamar a sus ciudadanos a participar en un referéndum ilegal rechazando el principal valor de la Democracia, el respeto a la ley.

Una, como se ha anunciado, Declaración Unilateral de Independencia (DUI) por parte del Gobierno catalán no conseguiría otra cosa que el que se mantenga, si no que se incremente, de la sangría de empresas que ha sufrido Cataluña en la última semana. La anterior sangría será seguramente seguida de una sangría de personal cualificado. Las dos consecuencias anteriores se producen por el hecho de que una Cataluña independiente quedaría irremediablemente fuera de la Unión Europea y con ello del Mercado Único. Esto tendrá un altísimo coste para los catalanes que, si ya han quedado socialmente muy desunidos por la actual convulsión política, podrían quedar también económica y políticamente separados.

En cuanto a España, lo que les podría pasar a sus actuales líderes políticos es que se produjese una convocatoria extraordinaria de elecciones en la que seguramente serían expulsados del poder por la poca flexibilidad y “mano izquierda” demostrada ante el desafío de legalidad planteado por el gobierno autonómico catalán.

Aun con lo anterior, la situación sería cualitativamente mejor para España que para Cataluña puesto que sí permanecería dentro de la Unión Europea, cuyos principales líderes no han mostrado apoyo o simpatía alguna por las intenciones del gobierno de Cataluña al ir estas diametralmente en contra del principal objetivo de la UNIÓN europea.